Bitácora Periodística: La Fiscalía como escudo de la ineficiencia ante los campesinos
Por: Cecilia Palacios
El campo zacatecano no solo está seco por el clima, sino incendiado por la política de la cerrazón. Lo que comenzó como un0a legítima exigencia de los productores de frijol por un precio justo de 27 pesos por kilo, ha escalado de la toma de tribunas a una amenaza que retumba en los pasillos del poder: “Zacatecas va a arder”. Sin embargo, la respuesta del Gobierno del Estado no ha sido la chequera ni la gestión, sino el Código Penal.
El «garrote» institucional
Lo más preocupante de la jornada violenta de este viernes no fueron solo los bloqueos o el amago de cerrar el aeropuerto; fue la rapidez quirúrgica con la que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pasó de ser un órgano de investigación a un mensajero de lujo para el personal de la Secretario General de Gobierno.
Apenas caía la noche y, mientras los campesinos se preparaban para otra jornada de frío en las escalinatas del Congreso, agentes de la Fiscalía se apersonaron para notificar «medidas de protección». ¿El beneficiario? El segundo a bordo del estado. El mensaje es claro: la protesta social se está tratando como un asunto criminal.
Justicia a la carta
Como bien señaló el abogado Jorge Rada en el lugar de los hechos, resulta «increíble» —por no decir cínico— que se utilice el aparato de justicia para blindar a servidores públicos ante un conflicto de índole meramente social.
- Un cambio en las reglas de operación federales que dejó a los productores con 11 pesos menos de lo pactado.
- La postura oficial: Un «no hay dinero» rotundo por parte de los diputados y el Ejecutivo.
- La salida fácil: En lugar de política de altura para desactivar la bomba de tiempo, se opta por la victimización jurídica de los funcionarios.
Entre el papel y el surco
El conflicto desnuda una desconexión total. Mientras el diputado Alfredo Femat habla de tecnicismos, fechas de decretos y listas que crecen de 95 a 130 beneficiarios, el productor Rubén Hernández Muñiz habla de «chingaderas» y de un hambre que no entiende de reglas de operación que cambian a mitad del juego.
Responsabilizar a la Federación es la salida técnica, pero usar a la Fiscalía a modo para notificar medidas de protección en medio de una negociación es una provocación que solo echa gasolina al fuego. Si el gobierno estatal cree que un citatorio judicial detendrá la desesperación de quien ve perdido el trabajo de un año, es que no conocen la dignidad del campo.
Zacatecas está a un bloqueo de distancia del caos total. Y mientras tanto, la Fiscalía, en lugar de perseguir a quienes realmente tienen al estado bajo fuego, se dedica a entregar notificaciones para que la autoridad estatal duerma tranquila. Prioridades, le llaman.
